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Juzgado por acompañar a un grupo de mineros artesanales en una protesta en contra de la empresa trasnacional Cristallex, el 07.09.05, siendo sentenciados a 7 años y 22 días de prisión. Constituyen casos emblemáticos de la criminalización de la protesta, que según cifras de la ONG Provea afecta a más de 2500 personas en el país.