Despojo de la Casa Castaño

En 1997 Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ tomó posesión de la hacienda La Pola, conformada por las fincas La Pola, El Encanto y Bejuco Prieto. El ex jefe paramilitar amenazo a los campesinos con matarlos si no salían de estos predios.

En el 2003, mientras se adelantaban las negociaciones para la desmovilización de los grupos paramilitares, ‘Jorge 40’ pagó a funcionarios del Inconder, para que le titularan esas tierras. Esta información fue hallada en el computador incautado en 2009 en San Ángel, propiedad del ex jefe paramilitar.

En Chivolo, Magdalena, se dio la primera la primera decisión de Justicia y Paz referente a tierras. Se ordenó revocar los actos administrativos a través de los cuales les expropiaron 1.500 hectáreas. (Ver: Chivolo en riesgo)

En año 2002, se creó la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), dirigida por el hermano de “El Alemán”, llamado John Jairo Rendón Herrera, alias “Germán Monsalve”, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. La Corte Suprema ha dicho que esta asociación comunitaria estuvo al servicio del Bloque Élmer Cárdenas, que era liderado por Fredy Rendón Herrera.

Con la colaboración del ex congresista condenado por parapolítica, Ramón Antonio Valencia, Asocomún recibió recursos del Programa de Familias de Guardabosques para erradicar cultivos de uso ilícito en los municipios de Turbo y Necoclí. También recibió dineros del Incoder, de Acción Social, del Ministerio de Agricultura, la corporación ambiental, Corpourabá, la Gobernación de Antioquia y de entidades municipales.

Las tierras donde se desarrollaron estos proyectos fueron adquiridas por medio de amenazas, asesinatos, desplazamientos y otras graves violaciones de derechos humanos. (Ver: Tulapas: el laboratorio del despojo).

Estos proyectos fueron ideados por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso e impulsados por Luis Carlos Restrepo, ex Alto Comisionado para la Paz en la administración de Uribe Vélez. El objetivo de estos proyectos era generar alternativas económicas para la reinserción de los desmovilizados. Aunque se entregaron 35 PPP y su creación se incluyó en los decretos de la ley de Justicia y Paz, estos nunca se llevaron a cabo.

Mancuso entregó dos mil hectáreas en predios ubicados en Tierralta y Valencia, en Córdoba, para realizar este proyecto con 2.480 integrantes del Bloque Córdoba y 1.851 del Bloque Héroes de Tolová. Los predios fueron entregados por Aaran Assias Soler, testaferro de Mancuso, y otros empresarios del departamento como Pedro Ghisays y Leopoldo Anaya Torres.

Este predio fue ofrecido posteriormente por el jefe paramilitar para la reparación a las víctimas. Sin embargo, no ha ingresado al Fondo de Reparación a las Víctimas porque dichos testaferros suscribieron contratos de arrendamiento con las asociaciones de desmovilizados, con dineros del erario público.

Estos proyectos fueron ideados por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso e impulsados por Luis Carlos Restrepo, ex Alto Comisionado para la Paz en la administración de Uribe Vélez. El objetivo de estos proyectos era generar alternativas económicas para la reinserción de los desmovilizados. Aunque se entregaron 35 PPP y su creación se incluyó en los decretos de la ley de Justicia y Paz, estos nunca se llevaron a cabo.

Mancuso entregó dos mil hectáreas en predios ubicados en Tierralta y Valencia, en Córdoba, para realizar este proyecto con 2.480 integrantes del Bloque Córdoba y 1.851 del Bloque Héroes de Tolová. Los predios fueron entregados por Aaran Assias Soler, testaferro de Mancuso, y otros empresarios del departamento como Pedro Ghisays y Leopoldo Anaya Torres.

Este predio fue ofrecido posteriormente por el jefe paramilitar para la reparación a las víctimas. Sin embargo, no ha ingresado al Fondo de Reparación a las Víctimas porque dichos testaferros suscribieron contratos de arrendamiento con las asociaciones de desmovilizados, con dineros del erario público.

En febrero de 1997, el ex comandante de la Brigada XVII, Rito Alejo del Río llevó a cabo la denominada “Operación Génesis”, donde en complicidad con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá desplazaron a cerca de cuatro mil habitantes y despojaron de 22 mil hectáreas.

Según ha contado Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, luego de que los propietarios fueran obligados a salir de su tierra, Vicente Castaño se encargó de identificar cuáles eran los terrenos aptos para el desarrollo de proyectos productivos. Para obtener los títulos de los predios, el ex jefe paramilitar buscó a terceros para que “formalizaran” la adquisición con la colaboración de funcionarios públicos.

Castaño reunió empresarios (terratenientes, ganaderos, bananeros, madereros y familias prestantes locales antioqueños y cordobeses), narcotraficantes y políticos para desarrollar proyectos de siembra masiva de palma aceitera en los territorios desalojados.

Carlos Mauricio García, alias ‘Doble Cero’, ha dicho que estos proyectos productivos eran un medio para esconder y lavar los dineros obtenidos de actividades ilegales e ilícitas. Además, que para poner en marcha este proyecto de palma, Castaño repobló la región con personas provenientes de otras regiones.

El ex jefe de Bloque Bananero, Raúl Hasbún alias ‘Pedro Bonito’, se apropió de los predios Casa Mía 1, El Alto de los Almendros 2 y Campo Hermoso en el municipio de Mutatá, Antioquia, por medio de la violencia y el desplazamiento de los propietarios.

La Corte Suprema de Justicia ordenó cancelar los registros por medio de los cuales ‘Pedro Bonito’ se apropió de esta tierra.

Para apropiarse de estas tierras Fidel Castaño, jefe del grupo paramilitar “Los Tangueros”, ordenó las masacres de La Chinita, La Cunas, El Oso, El Aracatazo y Policarpa, entre 1994 y 1995.

Unos años después, el ex jefe del Bloque Élmer Cardenas, alias ‘El Alemán’, obligó a los campesinos de la zona a salir de sus fincas y venderlas a precios bajos, al parecer contó con la ayuda de la Notaria de Apartadó. El ex jefe paramilitar pagó cerca de 250 millones de pesos provenientes de las actividades delictivas del bloque paramilitar, incluido el narcotráfico.

Según investigaciones de la Fiscalía los poderes con los que se adelantaron las transacciones eran falsos (no coincidían las firmas ni las huellas), y dos de los casos los titulares de los predios habían muerto antes de firmar las escrituras. Además 13 de las 15 familias fueron forzados a vender, y dos fueron ventas falsas. (Ver: Tulapas: el laboratorio del despojo).